El U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), “Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos“, señala que todos aquellos inmigrantes que pidan ayuda al gobierno para curarse del COVID-19, no se verán afectados en el futuro cuando soliciten algún trámite cómo por ejemplo, la green card (residencia legal permanente) o soliciten cualquier otro beneficio, como una extensión del plazo de estadía.
Este viernes el USCIS, ha publicado un nuevo reglamento en cumplimiento de la orden dictada el pasado 29 de julio por el Juez Federal de Distrito, George Benjamin Daniels, perteneciente al United States District Court for the Southern District of New York, “Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York”, el cual ahora señala expresamente que los inmigrantes que, por razones de salud debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus, necesiten pedir algún tipo de ayuda del gobierno para conseguir tratamiento, podrán hacerlo sin el riesgo de ser considerados carga pública en el futuro cuando pidan la green card o incluso cualquier otro beneficio migratorio.
El juez federal de distrito Daniels, revisó al detalle la demanda entablada por CASA de Maryland, una organización latina de defensa y asistencia de inmigración con sede en Maryland y tres inmigrantes que se consideraron afectados por la regla, dictaminando a favor de los demandantes, que indudablemente la política del gobierno, vigente desde el 24 de febrero de este año, disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del coronavirus, para no caer dentro de la regla de la carga pública, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación de la enfermedad COVID-19.
El juez Daniels, señaló al respecto: «Como resultado directo de la regla, los inmigrantes se ven obligados a hacer una elección imposible entre poner en peligro la salud pública y la seguridad personal o su estatus migratorio«. No obstante, el pasado miércoles un panel de la United States Court of Appeals for the Fourth Circuit, “Corte de Apelaciones del 4º Circuito de los Estados Unidos” apoyó la postura del gobierno y el United States Department of Homeland Security (DHS), “Departamento de Seguridad Nacional”, desestimando el dictamen de la Corte de Distrito de Nueva York, pero como la disputa jurídica no ha sido resuelta en su totalidad, la regla sigue suspendida y obviamente a USCIS no le queda otra opción que acatarla.
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