Este miércoles, se pudo conocer que varias de las grandes compañías de servicios públicos en todo el país dejará de vender información con datos personales de usuarios al U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE), “Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos”, sobre las facturas de cable, teléfono y energía eléctrica.
La información fue revelada por el diario The Washington Post, el cual explicó que tras haber sacado en febrero a luz el uso que el ICE hacía de la información para identificar a inmigrantes indocumentados, el senador demócrata Ron Wyden, de Oregón, pidió al National Consumer Telecom & Utilities Exchange (NCTUE®), “Intercambio de servicios públicos y telecomunicaciones para el consumidor Nacional” a poner fin a la venta de datos.
Las compañías que forman parte del NCTUE recopilan información sobre los usuarios de servicios y utilidades públicas que son esenciales en la vida moderna, que posteriormente la venden incluyendo datos personales como nombres, direcciones y números del Seguro Social de más de 170 millones de personas en Estados Unidos.
Y es que las empresas afiliadas al NCTUE habían pasado esa masa de información sobre individuos a Equifax, una firma de evaluación del crédito que, a su vez, revendió la información a bancos de datos a los cuales tienen acceso los investigadores privados, las agencias del Gobierno y fuerzas policiales.
Al parecer, tras la presión del senador, en el pasado mes de octubre, la NCTUE ordenó a Equifax que dejara de vender la información, pero los datos sobre los consumidores acumulados hasta ese mes siguen disponibles para todos los investigadores.
“La venta de información personal que los individuos dan cuando contratan servicios de energía eléctrica, agua y otras necesidades de vida, sin que se les dé opción en el asunto, es un abuso de la privacidad de los consumidores”, sostuvo Wyden en una carta a la Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), “Oficina para la Protección Financiera del Consumidor”.
De hecho, el NCTUE indicó al diario que “ha trabajado con sus miembros para poner fin a la práctica de dar acceso a los datos de los consumidores a terceras partes”. Por otro lado, la directora de campo, del grupo latino de derechos civiles Mijente, Jacinta González, criticó la actuación del ICE con estos datos.
González, sostuvo que “el ICE y otras agencias usan a los vendedores de datos como forma de eludir la Cuarta Enmienda” de la Constitución, que protege contra allanamientos y confiscaciones sin razón válida.
Sin embargo, para nadie es un secreto que ICE contrata los servicios de empresas, como la compañía LexisNexis Risk Solutions, para proveerle datos de millones de personas en Estados Unidos, sean éstos inmigrantes o no, en una política que se intensificó durante la presidencia de Donald J. Trump, y que en caso de volver a llegar la presidencia de Estados Unidos, de seguro volverá a ser impuesta.
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