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Ley SB 1718 de Ron DeSantis causa preocupación en Florida Organizaciones ProInmigrantes anunciaron una demanda contra esta Ley, mientras ya cayó el primer detenido de nacionalidad mexicana bajo la SB 1718 de DeSantis.

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Incuba Media Lab

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La Ley SB 1718 contra inmigrantes en Florida, considerada la más restrictiva de Estados Unidos en cuanto a la inmigración, que enfrenta una demanda de varias organizaciones, ha dejado ya el primer inmigrante detenido, que se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel e incluso la deportación.

Este migrante de nacionalidad mexicana, fue arrestado a finales de agosto por las autoridades de la Patrulla de Autopistas de la Florida, por supuestamente conducir sin documentos estadounidenses y transportar a otras cuatro personas, que también son indocumentadas.

De acuerdo a los registros policiales, el migrante mexicano identificado como Raquel López Aguilar, de 41 años de edad, fue detenido el pasado 21 de agosto pasado en el condado norteño de Hernando e interceptado por los oficiales luego de cruzar la línea estatal desde Georgia mientras se encontraba al volante de una camioneta blanca con vidrios polarizados.

Al ser detenido su vehículo los agentes detectaron que López no contaba con documentos que probaran su estancia legal en territorio estadounidense y luego, al realizarse un registro del automóvil, los agentes de tráfico descubrieron a otras cuatro personas también indocumentadas entre los pasajeros.

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Es así como López, se convierte en el primer detenido en virtud de la polémica Ley SB 1718 de la Florida, que enfrenta la ira de las organizaciones ProInmigrantes tanto de Florida como de otros estados del país.

En el caso de López, deberá enfrentar una dura batalla legal en las cortes, aunque no estará solo, ya que Juan Sabines Guerrero, cónsul general de México en Orlando, dijo que las autoridades de su país correrán con los gastos legales del arrestado.

El cónsul general de México en Orlando hizo una cronología desde la creación de la Ley SB 1718, del gobernador DeSantis, hasta la detención del ciudadano mexicano, viéndola desde la óptica de las autoridades mexicanas, que consideran esta ley «ilegal y autoritaria«.

Y dijo “…Una patrulla del gobierno del estado detiene un vehículo por el color de los vidrios, o tal vez por el color de la piel, en donde viajaban 7 personas mexicanas, 2 con documentos migratorios y 4 sin papeles. Raquel, que nos dice que no venía conduciendo, es arrestado y acusado de 5 cargos por smuggling (Contrabando) por cruzar de Georgia a Florida a personas sin papeles”.

La Ley SB 1718 de Florida, que fue proclamada por el gobernador Ron DeSantis, entró en vigor el sábado 1 de julio, estableciendo penas de hasta 15 años de prisión a quienes trasladen indocumentados en el estado o la deportación inmediata, por transportar personas indocumentadas.

Es por ello que, varias organizaciones presentaron una demanda contra la SB 1718 ante la Corte de Distrito Sur de Florida a nombre de la The Farmworker Association of Florida, Inc., “Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida”, uno de los sectores laborales más afectados, junto con el de la construcción y los servicios por la ley impuesta por el gobernador DeSantis.

No obstante, bajo la vigencia de la Ley SB 1718 y a partir de ahora, todas las empresas registradas que operen en el estado de Florida que tengan más de 25 empleados, deberán utilizar el sistema E-Verify para verificar el estatus legal de los nuevos trabajadores que contraten o, de lo contrario, corren el riesgo de ser multadas con 1.000 dólares diarios.

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Asimismo, esta ley también obliga a los hospitales a reportar trimestralmente al gobierno de Florida los pacientes indocumentados que son atendidos, el cual según el gobernador de Florida, es un mecanismo que busca contabilizar la cantidad de recursos públicos que se destinan a los inmigrantes indocumentados.

De igual forma, la Ley SB 1718 también invalida las tarjetas de identificación y las licencias de manejar de otros estados, en virtud que en otros lugares de Estados Unidos, como Nueva York o California, se emiten licencias de conducir a personas que no tienen un estatus legal en el país, lo que les permite manejar un vehículo en Estados Unidos.

Debido a que, la aplicación de esta ley, tiene muchos efectos diferentes, organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) llaman a tener un plan de emergencia para ayudar a los indocumentados y sus familias.

Desde la LULAC, instan a prepararse ante esta arremetida del gobernador DeSantis, que creó esta ley por sus intereses aspiracionistas en la carrera por su candidatura dentro del partido republicano, donde este tipo de medidas contra la inmigración ilegal, tiene bastantes seguidores y prácticamente ha sido la columna vertebral del discurso del expresidente Donald Trump.

Domingo García, presidente nacional de la LULAC, dijo: “LULAC está lista para ayudar a nuestra comunidad de inmigrantes a enfrentar esta amenaza maliciosa encabezada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis”.

Y es que, esta misma organización, ya enfrentó un caso similar contra la Ley SB 1070 de Arizona, por la cual también tuvieron que emitir una alerta de viajes y emergencias para proteger a la comunidad inmigrante de ese estado.

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El conocimiento es nuestra mayor defensa diaria para proteger a familias e individuos de ser blanco de políticas raciales”, agregó el presidente nacional de la LULAC. “Los padres todavía tienen que trabajar para poner comida en sus mesas, y las personas mayores y los enfermos todavía necesitan atención médica”.

De la misma forma en que la LULAC enfrentó la SB 1070 de Arizona, nuevamente esa organización solicitará la intervención del Gobierno federal en contra de la SB 1718 de Florida. Sin embargo, cuando en 2011, el Senado en Arizona aprobó la SB 1070 –conocida también como “muéstrame tus papeles”—, sus efectos fueron desastrosos para los inmigrantes en ese estado.

Aunque, en 2012 la Corte Suprema redujo la aplicación de la SB 1070, César Escalante, profesor de agricultura y economía aplicada en la Universidad de Georgia, realizó una investigación que determinó que sus efectos en cadena fueron amplios y duraderos entre la comunidad migrante.

De allí que, la LULAC haya emitido varias recomendaciones para latinos indocumentados en Florida. En primer lugar es necesario, crear un plan de emergencia, mediante el cual se sugiere nombrar a una persona de confianza, ya sea un familiar, un ser querido, un vecino, un compañero de trabajo, un compadre/comadre o un líder de la iglesia, para que sea la persona que ejecute este plan en caso de detención o deportación.

En segundo término, sugieren establecer prioridades como el cuidado infantil o de los menores que están en casa o en la escuela. Para ello, deben autorizar a una persona que sea la encargada de cuidar y recoger en el colegio a los niños, mientras el plan de emergencia está en marcha.

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Como tercer punto y muy importante, tener contacto directo con un Abogado especializado en inmigración, por lo que para tal fin se debe contratar los servicios legales de un abogado de inmigración certificado, que facilite la asistencia legal y oportuna del inmigrante afectado.

En cuarto lugar, se debe tener en regla los documentos de los automóviles, incluido el hecho de que debe figurar alguien con una licencia de conducir válida. “Este listado dual les permitirá recuperar el vehículo confiscado o venderlo para cubrir gastos legales si es necesario”, señala la LULAC.

Quinto, es preciso dejar realizado un poder notarial para que un tercero pueda proteger a los niños y velar por sus intereses dentro de Estados Unidos, como la educación, la atención médica o acarreos de la vivienda, por lo que es algo vital para el cuidado de los hijos de inmigrantes.

Finalmente y no menos importante, se requiere también dejar un poder notarial a alguien de confianza para manejo financiero de las cuentas del inmigrante, lo que permitirá a esa persona manejar las cuentas bancarias y cobrar los cheques de pago pendientes de un empleador.

No cabe duda que la Ley SB 1718 de Florida, promulgada por el gobernador DeSantis, traerá muchos problemas para que las empresas de ese estado puedan contratar personal para llevar a cabo las tareas que no son cubiertas por la mano de obra local. Es decir, una vez más todos pierden.


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