El Juez Federal de Distrito, George Benjamin Daniels, perteneciente al United States District Court for the Southern District of New York, “Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York”, dictaminó este miércoles que la regla de la carga pública impulsada por la administración del presidente Donald J. Trump, disuade a los inmigrantes en el país, de buscar hacerse la prueba del COVID-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus dentro del país justo ahora que Estados Unidos ha sobre pasado las 150,000 muertes a causa de la pandemia.
El bloqueo de esta política, durará hasta que finalice la emergencia de salud pública derivada de la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos. Para ello, el Juez Federal Daniels, falló a favor de los estados y las organizaciones sin fines de lucro que impugnaron la nueva regla. Esta regla que entró en vigor el pasado 24 de febrero, originó mucha polémica y temor entre los inmigrantes, sobre todo aquellos que estaban buscando acceder a la ciudadanía.
Dicha regla, permite al gobierno del presidente Trump, negar de inmediato la residencia a aquellas personas que probablemente necesiten beneficios públicos y que no sean capaces de mantenerse por sí mismas. Sin embargo, los demandantes lograron proporcionar «amplia evidencia» que muestra que la política disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del COVID-19 por temor a que ello sea penalizado como parte de esa regla, situación que podría amenazar seriamente los esfuerzos para frenar la propagación de la enfermedad.
Los demandantes lograron probar que dicha regla, podría tener un efecto atemorizante sobre los inmigrantes para solicitar atención médica y otros servicios sociales, por lo que no fue difícil para el Juez Daniels, incluir en el texto de su dictamen: «Como resultado directo de la regla, los inmigrantes se ven obligados a hacer una elección imposible entre poner en peligro la salud pública y la seguridad personal o su estatus migratorio«.
El juez también encontró que los esfuerzos de la U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), “Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos“, para abordar estas preocupaciones eran “claramente insuficientes” por lo que ello, sirvió para fallar a favor de los demandantes de la regla.
Estas han sido una de reglas calificadas antiinmigración más discutidas y debatidas en escuelas de leyes en todos los Estados Unidos, por sus consecuencias e impacto en un sector de la población. Las mismas tenían previsto entrar en vigencia a finales del año pasado, pero fueron bloqueadas mediante impugnaciones legales, que al final, no recibieron el apoyo en la Supreme Court of the United States, «Corte Suprema de los Estados Unidos«, la cual dictaminó que podían implementarse mientras las demandas eran procesadas, pero luego rechazó evaluar de nuevo el tema en el pasado mes de abril, por lo que el caso terminó siendo distribuido al tribunal del Juez Federal Daniels.
La demanda contra regla de carga pública impulsada por la administración Trump, se conoce como caso State of New York, “Estado de Nueva York” v. United States Department of Homeland Security (DHS), “Departamento de Seguridad Nacional” (Case number 1: 19-CV-07777) y fue ventilado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Para Susan Welber, abogado y representante de Legal Aid Society, una de las abogadas de la parte demandante, no cabe duda, que los inmigrantes, en especial aquellos que se desempeñan como trabajadores esenciales en el combate a la propagación del coronavirus o en áreas de servicio, requerían acceso a atención médica vital, asistencia alimenticia y otros servicios esenciales tanto para combatir la pandemia como para proteger a sus familias sin el temor de enfrentar consecuencias migratorias.
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