La Jueza federal Cynthia Bashant, del United States District Court for the Southern District of California, «Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California«, dictó un fallo el jueves, señalando que es inconstitucional la práctica de negarle a los inmigrantes la oportunidad de solicitar asilo en la frontera mexicana mientras espera cupo para procesar las peticiones.
Este fallo de la jueza federal de distrito Bashant no tiene un impacto legal inmediato, sin embargo, podría impedirle al gobierno limitar el ingreso de solicitantes de asilo con el argumento de que carece de recursos. También aliviaría a las personas que ponen sus nombres en listas de espera no oficiales en ciudades fronterizas.
La jueza federal Bashant ordenó al U.S. Department of Justice (DOJ), «Departamento de Justicia de Estados Unidos» y los activistas demandantes que recomendaran sus próximos pasos antes del 1 de octubre, ya que determinó que la práctica viola los derechos constitucionales al debido proceso conforme a las leyes de procesamiento de asilo.
Esta decisión sigue a la atención de una demanda de hace casi cuatro años, respaldando la crítica de que las autoridades estadounidenses no monitorean las listas de espera. Asimismo, que las listas están sujetas a fraude y corrupción. Ni hablar del peligro físico al que se expone a los solicitantes de asilo mientras esperaban en México.
«El Tribunal reconoció debidamente el elevado costo humano del metering, incluyendo el alto riesgo de agresión, desaparición y muerte cuando los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incumplen su deber de inspeccionar y procesar a los solicitantes de asilo y les obligan a esperar en México«, afirmó Melissa Crow, una abogada del Southern Poverty Law Center.
“Metering” es la práctica de limitar el número de personas que pueden solicitar asilo en las fronteras. Empezó en 2016 durante la presidencia de Barack Obama, cuando haitianos en masa llegaron al principal cruce a San Diego desde Tijuana, México. Se amplió a toda la frontera en 2018 bajo el mandato del expresidente Donald J. Trump, lo que generó largas listas de espera.
A partir de marzo 2020 comenzó a regir el Título 42 para no aceptar solicitudes de asilo en los cruces debido a la pandemia. En su momento, el gobierno de Trump invocó su autoridad para evitar la propagación del coronavirus, y el ejecutivo del presidente Joe Biden la amplió. En su decisión, la juez pidió a ambas partes que expliquen el impacto del Título 42.
En mayo, las existentes en las ciudades fronterizas mexicanas tenían más de 18,600 nombres, más de la mitad de ellos en Tijuana, según un reporte del Strauss Center for International Security and Law, «Centro Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales» de la University of Texas at Austin, «Universidad de Texas en Austin«.
El récord más alto alcanzado es casi 27,000 nombres en agosto del 2019, pero ahora, con la avalancha de personas que visitan la frontera para pedir asilo en Estados Unidos, se espera que estas listas de espera sigan creciendo aún más y rompa su marca más alta.
Sobre todo, porque la semana pasada, la Corte Suprema ordenó al gobierno reinstaurar la política de Trump de “Permanecer en México” para que los solicitantes de asilo que hayan entrado en suelo estadounidense y tengan fecha para presentarse ante un juez migratorio esperen en México a que esto ocurra.
La Corte Suprema, emitió una orden no firmada para denegar la petición de suspender el restablecimiento del programa Migrant Protection Protocols (MPP), “Protocolos de protección al migrante” ó Permanecer en México, asegurando que los solicitantes no lograron demostrar que el programa puesto en marcha por el expresidente Trump, fue “arbitrario y caprichoso”.
De hecho, el propio presidente Biden había calificado el «metering» como una práctica “desastrosa” durante su campaña electoral. Ante este fallo, el DOJ rechazó realizar comentarios por el momento.
Pero, este viernes, tras el fallo de la jueza federal Bashant, se corrió en la frontera Sur un falso rumor que indicaba, que se abriría el paso a los inmigrantes. Ello provocó una avalancha de cientos de personas en un puerto de entrada de la frontera entre México y Estados Unidos, con sus maletas y documentos listos para pedir asilo.
Obviamente, esto generó el cierre temporal de uno de los cruces más activos y congestionados de la frontera, luego que cientos de inmigrantes mexicanos y centroamericanos de un campamento al norte de la ciudad mexicana de Tijuana, en Baja California, se comenzaron a acumularse en el ingreso al paso peatonal que conecta con San Diego.
La situación que parecía salirse de control, por la protesta de algunos inmigrantes, llevó a los oficiales de la agencia de U.S. Customs and Border Protection (CBP), «Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos» y de la Policía Municipal a poner en marcha un operativo para evitar un cruce masivo.
Para las dos de la tarde, el cruce había quedado parcialmente cerrado y prácticamente paralizado. El cierre se extendió por una hora, pero el tráfico no volvió inmediatamente a su normalidad cuando se reabrió.
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