De acuerdo a una investigación revelada este martes por el diario The Washington Post, el expresidente Donald J. Trump reclutó a alguaciles y otras fuerzas de seguridad locales para arrestar discrecionalmente a indocumentados, lo que provocó terror en comunidades migrantes de diferentes partes del país.
En concreto, el Post en su reporte explicó el alcance de las acciones del gobierno de Trump (2017-2021) para detener discrecionalmente y deportar a inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, en algunos casos desde hace años atrás.
De acuerdo a esta información, Trump recurrió a un polémico convenio federal llamado 287(g) y en el que se confiere a las cuerpos policiales la capacidad de interrogar y detener a inmigrantes indocumentados, una tarea que recae normalmente en las autoridades federales.
Desde la creación de ese convenio, grupos defensores de los migrantes han denunciado que la alianza entre las autoridades federales y locales aterroriza a las comunidades migrantes y pone a los indocumentados en una situación de indefensión ya que no pueden pedir ayuda a la policía por miedo a ser detenidos.
El alcance de ese convenio 287(g) fue limitado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama (2009-2017), pero que tras llegar a la Casa Blanca en 2017 Trump volvió a darle impulso cuando empezó a reclutar a alguaciles conocidos por su dura política hacia los migrantes, según decenas de correos electrónicos internos del gobierno de Trump obtenidos por el Post.
En estos correos electrónicos se evidenció que en febrero de 2017, el entonces secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, envió instrucciones al U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE), “Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos”, encargado de detener a los migrantes dentro de Estados Unidos, para que expandiera el convenio 287(g) “el mayor grado posible”.
De inmediato, el ICE empezó a solicitar reuniones con alguaciles y otras agencias locales a las que enviaba materiales propagandísticos para pedirles que se unieran al convenio que les permitía a los agentes del orden público estatales y locales actuar con autoridad federal: interrogar, denunciar y detener a inmigrantes indocumentados.
Si bien es cierto que el ICE prometió que el programa se enfocaría solo en criminales serios, los grupos pro-inmigrantes advirtieron repetidamente que estas asociaciones del convenio 287(g) permiten a los alguaciles de línea dura apuntar a inmigrantes indocumentados que llevan vidas pacíficas, según la investigación realizada por el Post.
Esta política implementada por el expresidente republicano se suma a otras que fueron especialmente duras con los inmigrantes y refugiados, como la separación de las familias que cruzaban irregularmente la frontera con México, deportaciones inmediatas, aplazamiento de sus audiencias frente a los jueces de inmigración, entre otras.
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