El sindicato National CIS 119, que representa a poco más de 14,000 empleados del U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), “Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos“, presentó un informe en favor de una demanda entablada por la American Civil Liberties Union (ACLU), “Unión Americana de Libertades Civiles”, contra el programa conocido como Migrant Protection Protocols (MPP), “Protocolos de Protección de Migrantes”, que ha sido parte de una de las duras políticas de inmigración impuestas por la administración del presidente Donald J. Trump, la cual obliga a todos los solicitantes de asilo a regresar a México y permanecer allí mientras se procesan sus solicitudes sin derecho hablar con un Juez en una Corte.
La solicitud del sindicato, es realizada a través de un “amicus brief” (moción presentada por una parte ajena a un litigio), la cual se realiza en respaldo a una demanda, siendo en este caso, la demanda de la ACLU contra el MPP, el cual fue presentado en ante el United States Court of Appeals for the First Circuit, “Corte del Primer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos”.
En el texto de este “amicus brief” se señala que “en los últimos tres años, el Poder Ejecutivo de nuestro Gobierno ha intentado desmantelar nuestro sistema cuidadosamente elaborado de investigación de solicitudes de asilo y, con ello, la posición de Estados Unidos como líder mundial en protección de refugiados”.
Por lo que en el texto se continúa señalando: “El MPP es parte de ese desmantelamiento (…). Los miembros del Consejo 119 se mantienen firmes en su compromiso de servir a nuestro país al continuar con su orgullosa tradición como refugio para los perseguidos y al mismo tiempo garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses”.
Además el sindicato de trabajadores sostiene que “el MPP traiciona esta tradición y obligaría a los miembros del Consejo 119 a tomar medidas contrarias a su juramento de respetar las leyes de inmigración de nuestra nación”. De acuerdo con un comunicado de ACLU, más de 60,000 personas que son solicitantes de asilo han sido enviadas a ciudades peligrosas en México, para que esperen durante varios meses para que sus casos sean apenas escuchados.
No obstante, debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19 que ha causado estragos en todos los ámbitos de la vida de los estadounidenses, los procedimientos judiciales de MPP han sido pausados y puestos en espera indefinidamente, dejando a miles de personas varadas en la incertidumbre por más tiempo. Por lo que la ACLU señala que “lejos de proporcionar ‘protección’ a los migrantes y solicitantes de asilo, la política ha expuesto a las personas ya vulnerables a un mayor riesgo de violencia y persecución”.
A este escenario, se suma la crisis del propio servicio USCIS, donde más de 13,400 empleados, podrían terminar en la calle a fines de este mes de agosto, debido a los problemas de fondos de esta oficina, por lo que están haciendo un pedido de urgencia en el Congreso para que sean proporcionados los fondos de emergencia para detener la licencias por desempleo, ya que a medida que aumenten los retrasos en la adjudicación de solicitudes de la Deferred Action for Childhood Arrivals DACA, “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” estos trámites tampoco avanzarán y el sistema de inmigración legal se detendrá casi por completo.
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