Ha concluido hoy el período de consulta pública, para las reglas recientemente propuestas por el gobierno del presidente Donald J. Trump, que buscan restringir el asilo por razones de salud durante la pandemia ocasionada por el coronavirus. En este período las se han dejado casi 3,000 comentarios públicos, en su mayoría negativos, que ahora pasarán al período de consideración de esos comentarios por parte de las autoridades.
Como se recordará, el pasado mes de julio, estas propuestas de cambios en los procesos de pedidos de asilo, se confiere más autoridad a funcionarios del U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), “Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos“, para que puedan negar las solicitudes de personas que, según su consideración, presenten síntomas de infección con el COVID-19.
Sin embargo, Aaron Reichlin Melnick, consejero de política en del American Immigration Council, señaló que: “El gobierno tiene que tomar en cuenta los comentarios del público”, y además agregó: “Éste es un proceso que puede tomar dos o tres meses más”.
El gremio que representa a los funcionarios de USCIS, que pertenece a la American Federation of State, County & Municipal Employees (AFSCME), “Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipios”, aparece entre los comentarios a estas reglas, y en el mismo, se expresa que la propuesta del gobierno federal, no sólo “traiciona la tradición estadounidense como refugio mayor para los oprimidos del mundo, sino que fuerza a los empleados a llevar a cabo evaluaciones médicas para las cuales no están calificados”, en lo que claramente se evidencia como un comentario negativo.
De hecho, el sindicato National CIS 119, que representa a poco más de 14,000 empleados de USCIS, se opone a la mayoría de estos cambios a las reglas de asilo y está a favor de una demanda entablada por la American Civil Liberties Union (ACLU), “Unión Americana de Libertades Civiles”, contra el programa conocido como Migrant Protection Protocols (MPP), “Protocolos de Protección de Migrantes”, por considerar que esta regla del MPP es parte del desmantelamiento del sistema de asilos de los Estados Unidos.
Claro está, la propuesta del gobierno del presidente Trump de cambios al sistema de asilo, no se limita a los solicitantes de asilo que de alguna forma pueda mostrar síntomas de una enfermedad contagiosa, sino también se extiende a los migrantes que provengan o hayan pasado por un país donde haya un brote de la epidemia.
Al respecto, Reichlin explicó que es muy probable que esta propuesta de cambios a la norma nunca puedan llevarse a cabo, puesto que la consideración de comentarios es “obligatoria” y “si hay, por ejemplo, 1,000 comentarios en el mismo tono, debe tomarse muy en cuenta el peso de esos argumentos, y si hay otros 100 sobre diferentes aspectos legales, llevará más tiempo analizarlos”, por lo que es posible que estos cambios a las reglas tomen varios meses más hasta que puedan ser aplicados.
Además agregó: “Una vez que el gobierno dé forma final a las reglas y las publique, esas reglas entran en vigencia pero hay un plazo que puede ser de 30 a 60 días para que el gobierno empiece a aplicarlas en la práctica”. Y es en ese período que pueden haber demandas legales “y es casi 100% seguro que las habrá, porque esas reglas contrarían las leyes de Estados Unidos sobre asilo y la ley internacional sobre la protección de los refugiados”, añadió el abogado Reichlin.
Por otra parte, Jennifer Minear, presidenta de la American Immigration Lawyers Association (AILA), “Asociación Americana de Abogados de Inmigración“, dijo que “esta barrera para quienes buscan asilo es totalmente injustificada e innecesaria”. Igualmente añadió que “Estados Unidos se cuenta entre los países con las tasas más altas de infección de COVID-19 en todo el mundo, de forma que la amenaza real de COVID-19 no está afuera de la fronteras de nuestro país sino adentro”. También enfatizó que, los cambios buscan culpar de la negación del asilo al propio solicitante “éste es un intento de culpar a gente vulnerable que busca la protección humanitaria bajo el pretexto de salvaguardar la salud pública”.
En todo caso, el gobierno de Trump ha cerrado la puerta a la inmigración de muchas formas, desde febrero de 2019 cuando comenzó su cruzada por modificar las reglas, los requisitos y otros trámites con la finalidad de frenar la inmigración proveniente desde la frontera sur, principalmente desde América Central.
El presidente Trump, no sólo ha impuesto varias medidas que tienen como finalidad rechazar el ingreso a los EEUU, sino que también ha negado audiencias que la ley manda para quienes lleguen a la frontera solicitando asilo porque sufren persecución, violencia o peligro para sus vidas en sus países de origen. Muchos de estos migrantes que han buscado asilo en los Estados Unidos, han tenido que ser devueltos a México o en todo caso a sus países donde aguardan una respuesta que en muchos casos nunca llegó producto de la crisis de la pandemia global. Incluso muchos de esos migrantes aún permanecen en campamentos absolutamente insalubres y sobre todo inseguros, esperando que el gobierno les notifique cuándo y dónde tendrán su audiencia ante un tribunal de inmigración, algo que posiblemente no llegará en mucho tiempo.
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