El presidente Joe Biden, ha estado enfrentando presiones de diversos grupos que han visto un giro en las políticas de Estados Unidos, que habían sido asentadas por la anterior administración del expresidente Donald J. Trump. Uno de ellos, el grupo conservador Federation for American Immigration Reform (FAIR), «Federación para la Reforma Estadounidense de Inmigración«, criticó la semana pasada la decisión de Biden de cancelar la regla de carga pública.
FAIR, que tiene como misión «limitar severamente la inmigración a los Estados Unidos», según el Southern Poverty Law Center (SPLC), «Centro de Leyes de Pobreza del Sur«, apoyaba esta regla, que había sido establecida por la administración Trump, con la cual se podía negar la residencia legal permanente a inmigrantes que recurrieran a la asistencia pública.
Su presidente, Dan Stein, dijo en un comunicado: “El principio de que los inmigrantes son autosuficientes es anterior a nuestra república y ha sido codificado como ley desde 1882”.
“Pero nada de eso, ni la carga que pesa sobre el pueblo estadounidense, le importa un ápice a una administración (Biden) que está empeñada en eliminar a todos reglas racionales y aplicación en lo que respecta a la inmigración”, ahondó el activista conservador.
Desde la organización FAIR, que en el pasado ha sido calificada como un grupo de odio más de los varios que hay dentro de Estados Unidos, Stein hizo varias criticas severas contra la posición de la administración Biden al cambiar la regla.
Stein señaló que la medida establecida por Trump “habría protegido a los contribuyentes estadounidenses de tener que proporcionar costosos beneficios públicos”, como asistencia de vivienda subsidiada, alimentos o beneficios de cuidado de salud, entre otras ayudas que son cargadas a los contribuyentes.
Esta regla impuesta por el expresidente republicano, había desatado varias protestas de grupos pro inmigrantes, así como varias demandas en las Cortes, que al final fueron llevadas al Supremo.
Sin embargo, debido al cambio de administración, el gobierno entrante de Biden pidió a la Corte Suprema que se desestimase una demanda del anterior gobierno Trump, que le permitía mantener vigente esta regla.
Por lo tanto, esta controversial y polémica regla de carga pública dejó de aplicarse desde el pasado 9 de marzo cuando entró en vigor una orden judicial que anulaba esta medida emitida en 2019.
Para Stein y otros conservadores Anti-inmigración, esto ha sido inadecuado y desató las voces críticas de estos contra Biden.
“Combinado con el plan de la administración para otorgar amnistía a más de 14,5 millones de extranjeros ilegales y la subsecuente migración en cadena familiar que podría dar derecho hasta 52 millones de personas más a calificar para tarjetas de residencia, el precio de la eliminación de la regla de carga pública podría ser demasiado alto”, advirtió el presidente de FAIR.
No obstante, conservadores de todos los niveles se están uniendo para plantar cara a la administración Biden-Harris, por la regla de la “carga pública”. La semana pasada, 11 estados republicanos presentaron una moción impugnando la decisión del gobierno demócrata de rescindir esta política.
La moción de estos estados conservadores, encabezada por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, es parte de una demanda que su oficina presentó el 3 de febrero contra una reciente política de inmigración emitida por el United States Department of Homeland Security (DHS), «Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos«.
La política emitida por el DHS, buscaba detener la mayoría de las deportaciones durante 100 días, mientras se hacía un análisis de todos los aspectos relacionados con la inmigración. Una política que ya no está vigente por una orden de una corte en Texas, que fue solicitada por el Procurador General republicano de Texas, Ken Paxton.
Pero ahora, con la nueva moción, presentada por el fiscal general Brnovich, en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California, busca que la regla de carga pública sea reactivada tras el abandono de la defensa de esta regla en la Corte Suprema por parte de la administración Biden.
En todo caso, por pronto, no parece que esto pueda prosperar, pues el caso ya fue retirado de la Corte Suprema, y además no está claro que alcance pudiera tener esta moción en la decisión política tomada por la administración Biden.
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