Este martes, la Supreme Court of the United States, “Corte Suprema de los Estados Unidos”, autorizó al gobierno del presidente Donald J. Trump terminar el Censo 2020 antes de tiempo, cómo lo había solicitado al máximo tribunal de la nación.
Con un fallo que bloquea la orden inicial de la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, “Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos”, un tribunal inferior que requería que la administración federal continuara con el conteo como se planeó originalmente hasta fines de octubre.
La orden provisional del máximo tribunal fue concedida este martes a la solicitud del U.S. Department of Justice (DOJ), “Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, considerada como una suspensión de emergencia, pero no ofrece una explicación.
El argumento del DOJ fue que de obligar a continuar el conteo hasta el 31 de octubre, el U.S. Commercial Service, “Departamento de Comercio de los Estados Unidos”, a cargo Wilbur L. Ross, no podría entregar los resultados antes del 31 de diciembre.
Según el DOJ este recuento debe terminar inmediatamente para que la United States Census Bureau, “Buró del Censo de los Estados Unidos”, tuviera tiempo suficiente para hacer los cálculos antes del plazo de fin de año.
Este plazo, es impuesto por el Congreso para entregar las cifras utilizadas para decidir cuántos escaños recibe cada estado, entre otras cosas más, como la distribución de los recursos.
En el fallo de la Corte Suprema se indica: “La orden del 24 de septiembre de 2020 por la que se otorga una orden judicial preliminar queda pendiente de la resolución de la apelación en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito”.
Este fallo, le quitó la razón a la coalición de gobiernos locales y grupos de derechos civiles habían demandado al gobierno de Trump, bajo el argumento de que las minorías étnicas del país y otras personas en comunidades difíciles de contabilizar quedarían fuera del censo.
Según esta coalición, en caso de que el conteo terminara de manera anticipada, se excluiría a las personas que viven en el país de manera ilegal de las cifras utilizadas para decidir cuántos escaños recibe cada estado en el Congreso.
Ahora, desde esa coalición aseguraron que el calendario del censo fue acortado para encajar con la orden que Trump emitió. Sin embargo, la jueza asociada Sonia Sotomayor disintió de estos argumentos.
“Además, cumplir con el plazo a expensas de la precisión del censo no es un costo que valga la pena pagar, sobre todo cuando el gobierno no ha demostrado la razón por la que no podría soportar el costo menor de destinar más recursos para cumplir con el plazo o de continuar con sus labores anteriores para buscar una prórroga en el Congreso”, escribió Sotomayor.
En septiembre, la jueza de distrito Lucy Koh en San José, California, falló a favor de los demandantes y emitió una orden judicial que suspendió el plazo establecido para el 30 de septiembre para terminar con el censo de 2020.
También el fallo de Koh, suspendía el plazo del 31 de diciembre para entregar los datos utilizados para determinar cuántos escaños recibe cada estado en el Congreso, un proceso conocido como reparto.
Eso provocó que las fechas límite volvieran a ser las propuestas en un plan anterior de la Oficina del Censo, que había previsto que las operaciones en el campo terminaran el 31 de octubre y el reporte de los datos se llevara a cabo a finales de abril de 2021.
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