Este jueves, una jueza federal en California emitió una orden a nivel nacional para detener provisionalmente una nueva regla del gobierno del presidente Donald J. Trump que restringía la elegibilidad de asilo para los solicitantes condenados por delitos menores.
La magistrada Susan Illston, de la United States District Court Northern District of California, «Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Norte de California«, situado en San Francisco, detuvo la entrada en vigor de la nueva regla.
Esto significa que la administración Trump, recibe un nuevo revés para una regla que comenzaría a aplicarse a partir de hoy viernes 20 de noviembre.
La decisión se produjo tras una demanda colectiva presentada a comienzos de mes por las organizaciones Pangea Legal Services, Dolores Street Community Services, Catholic Legal Immigration Network Inc. (CLINIC) y Capital Area Immigrants’ Rights Coalition.
Estas organizaciones pro inmigrantes, introdujeron esta demanda en desafío a la nueva regla migratoria que afectaría a miles de inmigrantes.
El gobierno de Trump, presentó esta nueva medida el pasado 21 de octubre y advirtió la fecha de entrada en vigencia. Esta regla creaba amplias y estrictas barreras para los solicitantes de asilo culpables de delitos menores.
Además, el problema de esta regla, es que incluso, en algunos casos, perjudicaba aquellos que solo habían sido investigados por algún delito, como en efecto demostraron las organizaciones.
Al respecto, el tribunal reconoció que “la nueva regla habría privado a los solicitantes válidos de obtener asilo, independientemente de si se han rehabilitado, independientemente de si su conducta delictiva ocurrió muchos años antes, o independientemente de si han cometidos actos que el Congreso ha dicho no deberían hacer que un solicitante sea inelegible para el asilo”.
De acuerdo con la regla que entraría en vigor hoy, entre los inmigrantes que no podrán obtener asilo se cuentan aquellos extranjeros que hayan sido condenados por dar alojamiento a inmigrantes indocumentados, o por ayudarles a ingresar o reingresar a Estados Unidos.
Igualmente, la regla incluía a aquellos que hayan sido condenados por su vinculación con las actividades de pandillas callejeras.
De la misma forma, tampoco podrían recibir asilo aquellas personas condenadas por conducir un vehículo mientras estaban intoxicadas, “sin importar si la condena está clasificada como un delito menor o un delito grave bajo leyes federales, estatales, tribales o locales”, cuando esa infracción haya causado lesiones graves o la muerte de otra persona.
Asimismo, la regla contemplaba otras felonías cuya condena resultaba en un impedimento para obtener asilo, como el abuso, la negligencia o el abandono de menores de edad, la violencia doméstica.
Pero también la regla, se extendía hasta cualquier crimen en el cual el extranjero haya hostigado, obligado, intimidado o amenazado con el uso de la violencia, o haya infligido lesión física contra su cónyuge o ex cónyuge.
De la misma manera, la aplicación de esta regla, también incluye a extranjeros que hayan sido condenados por cualquier delito menor debido al uso de un documento de identidad falso a menos que, al abordar un medio de transporte esa persona haya usado tal documento para “salir de un país en el cual teme la persecución”.
Quedan excluidos de que se les otorgue el asilo, además, están los extranjeros que reciban beneficios sociales de una agencia federal “o beneficios públicos de una entidad estatal, tribal o local sin la autorización legal”, o los que posean o trafiquen sustancias controladas más allá de una sola infracción por la posesión para uso propio de no más de 30 gramos.
Por ahora la regla quedó en suspensión, ya que la orden de la jueza se extiende hasta el próximo 9 de diciembre, cuando el tribunal celebrará una audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes para llegar a un dictamen final.
Esta semana no ha sido la mejor para la administración Trump, ya que este es el segundo revés que recibe el gobierno en dos días, ya que este miércoles un juez federal en el Distrito de Columbia ordenó a la Administración que deje de utilizar la emergencia sanitaria para expulsar a niños migrantes no acompañados detenidos en la frontera.
Desde marzo pasado los menores no acompañados y los inmigrantes detenidos eran sujetos a expulsión después que el gobierno impusiera una normativa (Título 42) que le permite a la U. S. Customs and Border Protection (CBP), “Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos”, expulsar extranjeros arrestados en la frontera argumentando una emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
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