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Moratoria de desalojos expira este sábado La moratoria de desalojos no puede continuar después del 31 de julio sin una autorización del Congreso, tras 11 meses de duración por la crisis de la pandemia.

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Tras una larga moratoria de desalojos, que lleva 11 meses de duración, este jueves, el gobierno del presidente Joe Biden, anunció que no puede renovar la moratoria nacional a los desalojos, luego de que la Corte Suprema indicó que solamente podía ser extendida hasta el final del mes de julio, en medio de la nueva ola de contagios que está ocasionando la variante Delta en Estados Unidos.

Aunque la misma, debería permanecer en vigor hasta septiembre, una reciente sentencia de la Suprema Corte señaló que no puede continuar más allá del 31 de julio sin la autorización del Congreso, informó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Inicialmente, esta moratoria fue decretada duranta el gobierno del expresidente Donald J. Trump, en marzo del 2020 como parte de las medidas de emergencia ante el recrudecimiento de la pandemia en el país. Esta medida tuvo que ser extendida en tres ocasiones (cada una de ellas durante tres meses) debido a que no se había recuperado la economía.

Más tarde, la administración del presidente Biden al tomar el mando de la Casa Blanca, las extendió en dos ocasiones más, la última solo hasta el 31 de julio, como anticipó el máximo tribunal del país. La Casa Blanca señaló que el presidente Biden hubiera preferido extender la moratoria federal a los desalojos debido a la «diseminación de la variante Delta» del coronavirus, la cual es altamente contagiosa.

Sin embargo, el presidente Biden, exhortó al Congreso “a extender la moratoria a los desahucios para proteger a los inquilinos vulnerables y sus familias”. «A la luz de la sentencia de la Suprema Corte, el Presidente pide al Congreso que prorrogue la moratoria de desahucios para proteger sin demora a los inquilinos vulnerables y a sus familias«, añadió la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Y es que, aunque los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), «Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades«, decretaron la moratoria en septiembre del año pasado. No obstante, tras una demanda, el mes pasado la Corte Suprema, luego de una apretada mayoría de los magistrados 5-4, se puso fin a la prohibición a los desalojos la cual terminaría hasta finales de julio.

El juez Brett Kavanaugh, quien fue uno de los que emitieron los votos mayoritarios, especificó claramente que bloquearía cualquier extensión adicional a menos que hubiese una “autorización clara y específica por parte del Congreso”.

Lo que no se consideró, es que a finales de marzo, al menos unos 6,4 millones de hogares estadounidenses estaban retrasados en el pago de alquileres, de acuerdo con el Department of Housing and Urban Development (HUD), «Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano«.

Pero esta cifra había bajado hacia el 5 de julio, cuando unos 3,6 millones de personas en el país dijeron que enfrentaban la posibilidad de un desalojo en los siguientes dos meses, según una encuesta realizada por el Census Bureau, «Oficina del Censo«.

La directora de los CDC, la doctora Dra. Rochelle Walensky, dijo el mes pasado que esta sería la última ocasión en que se extendería la moratoria cuando determinó que el plazo vencía el 31 de julio. En un principio se estableció para impedir que las personas echadas a las calles y a albergues agudizaran la propagación del COVID-19.

Los defensores del derecho a la vivienda y algunos legisladores han pedido que se amplíe la moratoria debido al aumento de los casos de coronavirus y al hecho de que se han distribuido muy pocas ayudas para el alquiler.

De hecho, asesores de Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, y del senador Sherrod Brown, presidente de la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos de la cámara alta, dijeron que ambos están trabajando en un proyecto de ley para extender la moratoria. Los demócratas intentarán aprobar una ley lo más pronto posible y están exhortando a los republicanos a que no la bloqueen.

El Congreso ha asignado casi 47,000 millones de dólares en asistencia que se supone debe destinarse a ayudar a los inquilinos a pagar los meses de alquiler atrasados. Pero hasta ahora, los estados y las localidades sólo han distribuido hasta junio unos 3,000 millones de dólares de una primera partida de 25,000 millones.

Mientras que algunos estados como Nueva York no han distribuido casi nada, mientras que varios sólo han aprobado unos pocos millones de dólares.


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