Esto se venía venir, ya el presidente Donald J. Trump, lo había anunciado hace 3 semanas atrás aproximadamente, cuando anunció que recortaría fondos federales a ciudades con protestas y así lo ha hecho.
Ya que este lunes, el U.S. Department of Justice (DOJ), “Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, identificó a las ciudades de New York City en New York; Portland en Oregon; y Seattle en Washington; como «jurisdicciones que permiten anarquía, violencia y destrucción de la propiedad«.
Esto obviamente es el primer paso para retirar fondos federales, lo que sin duda originará una batalla política entre el Gobierno federal y algunas ciudades gobernadas por demócratas tuvo una nueva escalada.
La designación ocurrió en respuesta a un memorándum emitido a comienzos de septiembre por el presidente Trump para evaluar la asignación de fondos federales a ciudades que han experimentado protestas masivas tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco.
«No podemos permitir que dólares del gobierno federal se malgasten cuando la seguridad de nuestra ciudadanía está en juego«, dijo el Attorney General, “Fiscal General” de los Estados Unidos, William Barr.
Department of Justice Identifies New York City, Portland and Seattle as Jurisdictions Permitting Violence and Destruction of Property https://t.co/CvqKwNIQTw
— Justice Department (@TheJusticeDept) September 21, 2020
Sin embargo, en el trasfondo de esta designación, impulsada por el fiscal general Barr, le permitiría retener recursos federales de las ciudades designadas bajo esta calificación. No obstante, desde ya se prevé que una dura batalla legal en cortes, como ha ocurrido en otras ocasiones.
El DOJ justifica su decisión con base en “Memorando sobre la revisión de fondos para beneficiarios de gobiernos estatales y locales que permiten la anarquía, la violencia y la destrucción en ciudades estadounidenses”, firmado por el presidente Trump el 2 de septiembre.
Al respecto el DOJ dijo: “El Departamento de Justicia de los Estados Unidos identificó hoy las siguientes tres jurisdicciones que han permitido que persista la violencia y la destrucción de propiedad y se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar las actividades delictivas: Ciudad de Nueva York; Portland, Oregon; y Seattle, Washington”.
Es más que claro que la lista queda abierta y se podrían sumar otras jurisdicciones, ya que se revisará periódicamente, adelantó la administración Trump. Pues para pertenecer a esta lista basta que los residentes organicen constantes manifestaciones contra la violencia policial.
Estas manifestaciones, ocurrieron tras la muerte de Floyd en Minnesota a manos de un agente de la Minneapolis Police Department, “Departamento de Policía de Kenosha”, luego el ataque a disparos parte de agentes de la policía del Kenosha Police Department, “Departamento de Policía de Kenosha”, a Jacob Blake en Wisconsin y la de Daniel Prude en New York y el cual fueron suspendidos los 7 agentes involucrados y despedido el jefe del Rochester Police Department (RPD), “Departamento de Policía de Rochester”, que aunque todavía está vivo, los médicos dicen que sus lesiones le dejarán sin posibilidad de caminar.
Todos estos casos, forman parte de la tormenta perfecta, que generó y dio fuerza este año al movimiento antiracial Black Lives Matters (BLM), el cual es acusado por el presidente Trump, de tener profundas raíces comunistas y anarquistas que ponen en zozobra al país.
Algunos de esas movilizaciones derivaron en la destrucción de comercios y enfrentamientos con las fuerzas policíacas, pero hubo varias más que ocurrieron en forma pacífica.
Al margen de las protestas pacíficas, el fiscal general Barr considera: “Cuando los líderes estatales y locales impiden que sus propios agentes y agencias del orden público hagan su trabajo, se pone en peligro a ciudadanos inocentes”.
Además agrega: “No podemos permitir que el dinero de los impuestos federales se desperdicie cuando la seguridad de la ciudadanía está en juego”.
Hasta ahora el DOJ ha considerado los siguientes criterios para designar a una jurisdicción “sin ley” y “anárquica”: 1) Si una jurisdicción prohíbe a la fuerza policial intervenir para restaurar el orden en medio de un acto de violencia o destrucción generalizada o sostenida; 2) Si una jurisdicción ha retirado la protección de la aplicación de la ley de un área geográfica; 3) Si una jurisdicción desempodera o quita fondos a los departamentos de Policía; 4) Si una jurisdicción se niega irrazonablemente a aceptar ofertas de asistencia policial del Gobierno Federal y 5) Un amplio juicio que valor que se cierra con un “Cualquier otro factor relacionado que el Fiscal General considere apropiado”.
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