Los sucesos acaecidos en el edificio del Capitolio el pasado miércoles, fiscales federales han anunciado que partidarios del presidente saliente Donald J. Trump que marcharon contra el Congreso para protestar por los resultados de las elecciones presidenciales, van a enfrentar cargos criminales, pero además aclararon que el propio presidente Trump podría enfrentar cargos por su papel en la incitación al sitiar violentamente del Capitolio de los Estados Unidos.
El fiscal federal interino de DC Michael Sherwin dijo este jueves que «todas las opciones están sobre la mesa» para acusar a los miembros de lo que él llamó la «Mafia pro-Trump«, que ahora podrían enfrentar hasta 10 años de prisión bajo la orden ejecutiva del presidente para proteger la propiedad federal.
«Estamos mirando a todos los actores aquí. No solo las personas que entraron al edificio«, dijo Sherwin durante una conferencia de prensa sobre el caos. Cuando se le preguntó si el presidente podría ser incluido en la investigación, respondió: «Estamos viendo a todos los actores aquí, y cualquiera que haya tenido un papel y la evidencia se ajuste a los elementos de un crimen, será acusado«.
Ahora muchos analistas, han señalado que Trump, que había pasado semanas atacando falsamente la integridad de las elecciones en todos sus discursos y mensajes en las redes sociales, así como también llegó a instar en sus mítines a sus partidarios a «luchar como el infierno» y protestar por la aprobación formal del Congreso de la victoria de Joe Biden, podría entonces ser objeto de alguna acusación criminal.
No obstante, como presidente en ejercicio, no puede ser acusado de ningún delito hasta que deje oficialmente el cargo el 20 de enero, cuando Biden asuma como presidente de Estados Unidos. Pero, desde ahora mismo las autoridades sí pueden abrir un caso y realizar una investigación.
Por lo pronto el trabajo ha comenzado, el Federal Bureau of Investigation (FBI), “Buró Federal de Investigaciones”, está en estos momentos en el proceso de rastrear al menos 36 sospechosos, además de los 81 ya arrestados, que escalaron las Cámaras del Senado y la Cámara, destrozaron estatuas, lanzaron gases lacrimógenos y desfiguraron propiedades el miércoles en escenas caóticas.
En varios carteles de los más buscados por el FBI, se han publicado decenas de fotografías de personas pertenecientes a este grupo que tomó a la fuerza el edificio del Capitolio. De hecho, se está ofreciendo una recompensa de $50,000 dólares a quien ofrezca información para ayudar a capturar a un sujeto que es sospechoso de haber colocado explosivos cerca de las sedes de los partidos republicano y demócrata en el Washington DC.
Los carteles del FBI identificados como VIOLENCE AT THE UNITED STATES CAPITOL 1, VIOLENCE AT THE UNITED STATES CAPITOL 2, VIOLENCE AT THE UNITED STATES CAPITOL 3, VIOLENCE AT THE UNITED STATES CAPITOL 4, y SUSPECTED PIPE BOMBS IN WASHINGTON, D.C. han sido publicados para que las personas ayuden a las autoridades a identificar y apresar a los sospechosos.
Estos explosivos caseros fueron evaluados por el equipo táctico anti bombas del FBI y señalaron que de haber explotado pudieron haber hecho gran daño.
Todos estos sospechosos, que forman parte de un grupo de supremacistas blancos, negadores del Holocausto y teóricos de la conspiración, son buscados por una serie de cargos que incluyen incitación a disturbios y cargos de armas, y el United States Department of Justice (DOJ), “Departamento de Justicia” ha prometido llevarlos a todos ante los tribunales.
Los expertos dicen que algunos podrían enfrentar el cargo de conspiración sediciosa que rara vez se usa en Estados Unidos, un cargo que el DOJ controlado por el ex fiscal general William Barr amenazó con usar contra quienes causaron violencia en las protestas de Black Lives Matter BLM el verano pasado.
No obstante, Sherwin dijo que hasta ahora se han acusado 55 casos, pero advirtió que es «solo el comienzo«, pues ayer jueves se presentaron quince casos federales más por delitos que incluyen el acceso no autorizado y el robo de propiedad, y los investigadores están revisando montones de pruebas para presentar cargos adicionales.
Además, dijo que otros 40 casos ya han sido acusados en un tribunal superior del Distrito de Columbia.
Ahora, tras los sucesos, un número creciente de políticos, incluido el presidente Biden y la alcaldesa de DC Muriel Bowser, culparon a Trump por el violento levantamiento que dejó hasta ahora cinco muertos, de los cuales cuatro pertenecientes al grupo MAGA, fallecidos por un infarto, un aplastamiento durante una estampida, por problemas respiratorios y la última por un disparo en el pecho cuando ingresaba a la fuerza a un área protegida del Capitolio.
El último de los fallecidos era un policía del Capitolio que estaba hospitalizado y al final muere por haber sido objeto de un linchamiento por parte de estos grupos. De hecho, más de 50 policías del Capitolio y DC también resultaron heridos en el motín, incluidos varios que fueron hospitalizados.
Algunos de los agresores ya han sido identificados a través de las redes sociales, como el «Shaman de QAnon» con cuernos, Jake Angeli, y un fan de MAGA cuya empresa de marketing lo despidió cuando vieron su cordón de trabajo alrededor de su cuello, pero el resto son buscados por la policía. y se ha lanzado una gran persecución en todo DC y el país.
De los capturados, que ya han sido presentados a los Tribunales, Jared Amos, de 38 años, de Florida, se declaró inocente de la entrada ilegal a los terrenos del Capitolio y de violar el toque de queda de las 6 pm del alcalde Bowser. David Ross, de 33 años, de Massachusetts, se declaró culpable de los mismos cargos. A ambos hombres se les ha ordenado que se mantengan alejados del área de DC a menos que asistan a audiencias judiciales.
No obstante, el fiscal general interino Jeffrey A. Rosen afirmó que las autoridades federales se han asociado con varias agencias de aplicación de la ley para reunir pruebas, identificar a más perpetradores y acusar a esas personas de delitos federales.
«El Departamento de Justicia se compromete a garantizar que los responsables de este ataque contra nuestro Gobierno y el estado de derecho enfrenten todas las consecuencias de sus acciones conforme a la ley«, señaló el fiscal interino Rosen en un comunicado.
Ahora, en un giro inesperado de la historia, una Ley que se creó para los protestantes de BLM, según el fiscal interino Rosen será aplicada a los manifestantes violentos de MAGA que enfrentarán «todas las consecuencias de sus acciones según la ley«, que podrían incluir hasta 10 años de prisión por «daños a la propiedad federal«, según la orden ejecutiva firmada el 26 de junio de 2020 por el presidente Trump para proteger los monumentos estadounidenses. monumentos y estatuas durante los disturbios.
La Ley denominada Executive Order on Protecting American Monuments, Memorials, and Statues and Combating Recent Criminal Violence, «Orden Ejecutiva sobre la Protección de Monumentos, Monumentos y Estatuas estadounidenses y la Lucha Contra la Violencia Criminal Reciente«, que se produjo en medio de manifestaciones a nivel nacional tras la muerte de George Floyd, establece que los infractores serán procesados por vandalizar la propiedad del gobierno, lo que se castiga con hasta 10 años de prisión.
Trump en ese momento se comprometió a dar «largas penas de prisión por estos actos ilegales contra nuestro Gran País«.
En ese momento, esta ley suscitó dudas de los congresistas de ambos partidos, sobre cómo se llevaría a cabo la aplicación de la ley, luego que una turba ocupe y destroce el edificio federal. No obstante, hoy en día con lo sucedido el miércoles 6 de enero, todo ha quedado más que evidente.
Ahora, en la sede del Capitolio, hay una protección perimetral con cercas negras ‘no escalables’ alrededor de los terrenos del edificio. Algunos funcionarios dijeron que estaban como una «medida de precaución» antes de la toma de posesión del presidente Biden.
Por su parte, el ex subdirector adjunto del FBI, Danny Coulson, en una entrevista con Fox News en el programa America’s Newsroom este jueves, dijo que estaba claro que el salvaje incidente fue «generado por instigadores«. «No sucedió simplemente. Hubo gente que vino a hacerlo y lo generó y causó este horrible caos«, dijo.
Coulson además dijo que es probable que los sospechosos restantes sean localizados y acusados pronto, ahora que el FBI y el United States Secret Service (USSS), «Servicio Secreto de Estados Unidos«, pueden identificarlos usando su «buena capacidad de reconocimiento facial» en las fotos.
En un larga lista de arrestos publicada por el departamento de policía de Washington DC, no se incluyeron a varios sospechosos identificados como participantes del asalto, por parte de personas en las redes sociales, incluido el «Shaman de QAnon» Angeli o Richard ‘Bigo’ Barnett, que irrumpieron en el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y se llevaron un sobre de correo de su oficina como trofeo de su «hazaña«.
Y es que docenas de los involucrados, que han sido llamados como «grandes patriotas» por el presidente aún no han sido identificados y el FBI ahora está pidiendo ayuda para encontrarlos, tuiteando que están «aceptando consejos y medios digitales que muestran disturbios y violencia en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos y sus alrededores el 6 de enero de 2021«.
«Si ha sido testigo de acciones violentas ilegales, le instamos a que envíe cualquier información, fotos o videos que puedan ser relevantes», agregaron. Posteriormente, la policía publicó imágenes de «personas de interés» que quieren identificar.
La mayoría de los ya detenidos han sido acusados de violar el toque de queda. Otros enfrentan cargos de portar una pistola sin licencia.
El exdirector adjunto del FBI, Andrew McCabe, ha dicho que la oficina debe hacer que «identificar, arrestar y enjuiciar a todas las personas que puedan entrar ayer en el Capitolio» sea una prioridad absoluta.
Pero algunos de los que participaron ya han sido identificados en línea como miembros de grupos de extrema derecha, nacionalistas blancos, neonazis y partidarios de la teoría de la conspiración QAnon. Son de estados de todo el país, incluidos Arizona, Michigan, Georgia, Pensilvania, Carolina del Norte y Oregón.
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