Desde que inició la crisis de la pandemia, ocasionada por el coronavirus en los Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump ha tenido la potestad de implementar con mayor rigor algunas de sus medidas migratorias, en virtud de las restricciones en las fronteras de Estados Unidos, entre la que se encuentra la deportación acelerada de inmigrantes.
Este proceso comenzó a ser efectivo hace más de un año cuando la administración de Trump instauró un programa denominado Migrant Protection Protocols (MPP), “Protocolos de Protección de Migrantes” en español, por el cual envía a México a las personas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos y solicitan asilo. Estos migrantes deben esperar en el país vecino el trámite de sus solicitudes, lo cual le ha permitido mantener un ritmo alto de deportaciones de inmigrantes indocumentados, enviándolos a México o a sus países de origen en América Central.
Sin embargo, en una reciente nota de The New York Times se señala que, según los datos disponibles del Department of Homeland Security (DHS), el “Departamento de Seguridad Nacional”, en español, entre los meses de marzo y abril se deportaron al menos unos 915 menores de edad, en las cuales la mayoría se hicieron efectivas apenas llegaron a la frontera y en periodo de menos de 96 horas, como marca el nuevo protocolo instaurado por el gobierno federal, mientras que otros fueron trasladados desde albergues dentro de los Estados Unidos.
Este nuevo protocolo de deportaciones rápidas que ha sido implantado por la administración Trump, permitió que durante el pasado mes de abril se expulsaran unos 10,000 adultos, según datos de las agencias federales. Sin embargo, en el caso de estos 915 niños al menos 60 de ellos, fueron enviados a sus hogares desde albergues donde estaban retenidos, que estaban situados en el interior de los Estados Unidos.
Sin embargo, en contraste, también hay que señalar que en el mismo periodo al menos unos 166 migrantes menores de edad fueron admitidos en el país y obtuvieron las garantías adecuadas para su estadía. Aunque no están claros qué criterios y normas legales considera la U.S. Customs and Border Protection (CBP), “Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos”, en español, para admitir a los niños inmigrantes, debido a que esta agencia se ha negado a revelarlos.
Un especialista en asuntos públicos de esta agencia, de nombre Matthew Dyman, que fue consultado por la prensa, ha señalado que es un tema que no se puede revelar, al indicar: “Simplemente no podemos publicarlo”.
Por otra parte, el informe publicado por el diario, hace hincapié que el cambio en la política del presidente Trump es definitivamente radical, ya que históricamente en los Estados Unidos, los migrantes menores de edad llegaban a la frontera sin tutores adultos y recibían refugio, educación, atención médica y un largo proceso administrativo que les permitía presentar un caso migratorio satisfactorio que les daba amplias oportunidades de quedarse dentro del país.
El siguiente objetivo de la política restrictiva del gobierno federal es posiblemente eliminar en su totalidad el Flores Settlement Agreement (FSA), «Acuerdo de Conciliación de Flores«, en español, el cual obliga a mantener a los menores bajo protección o entregarlos a familiares, para permitir expulsar más inmigrantes de manera más efectiva.
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