El juez federal Richard J. Leon, del U.S. District Court for the District of Columbia, «Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia«, frenó temporalmente este lunes la política del Gobierno del presidente Donald J. Trump, que le confiere la autoridad a los agentes de la oficina U. S. Customs and Border Protection (CBP), “Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos” para que evalúen la validez de los argumentos de quienes piden asilo en Estados Unidos en caso que teman retornar a sus países.
El Juez Federal Leon, calificó como una “tontería” el argumento de la administración Trump, sobre la capacitación de los agentes de CBP para esa tarea, y prohibió que el gobierno saque del país a las personas que pidan asilo “a la espera de un dictamen sobre los méritos de este caso”.
Bajo la ley estadounidense, cuando una persona solicita asilo su caso es evaluado por el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), “Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos“, sin embargo, a partir del 30 de enero de este año, por una ordenanza el Gobierno de Trump, hubo un “memorando de entendimiento” que transfirió esa autoridad directamente al CBP.
El proceso de las entrevistas fue diseñado, para que la persona solicitante del asilo, bajo el debido asesoramiento legal, pueda presentar las razones por las cuales alega que ha huido de su país, y por las cuales el retorno representa una amenaza a su seguridad o su vida. El Juez Federal Leon escribió en su decisión que “los demandantes han presentado muchos argumentos importantes, pero yo necesito enfocarme en sólo uno de ellos”.
“Los demandantes han demostrado la probabilidad de éxito sobre los méritos de su reclamo según el cual el uso de agentes de CBP, que reciben instrucción sustancialmente inferior que (los agentes de) USCIS para conducir las entrevistas de asilo, viola la Ley de Inmigración y nacionalidad”.
No obstante, el presidente Trump, desde su campaña política en 2016, había sido bastante claro en su política antimigratoria y por eso, sus esfuerzos en sus cuatro años de mandato en cerrar cada vez más el paso a las políticas permisivas con la migración en el país.
De hecho, su política antimigrantes bajo el argumento America First, “Primero America”, es básicamente uno de los pilares fundamentales de su mandato y por lo tanto en su campaña por la reelección.
Como se sabe, su administración el programa conocido como Migrant Protection Protocols (MPP), “Protocolos de Protección de Migrantes”, que ha sido parte de una de las duras políticas de inmigración impuestas por la administración del presidente Trump, la cual obliga a todos los solicitantes de asilo a regresar a México y algunos países centroamericanos, permaneciendo allí mientras se procesan sus solicitudes de asilo y le otorgan una cita para una audiencia con un Juez en una Corte de Inmigración.
De la misma manera, hace tres meses atrás, el presidente Trump ordenó que los agentes del CBP apliquen las directrices de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades”, para determinar si los solicitantes de asilo presentan síntomas de la COVID-19, con la finalidad de devolver por razones de salud a los solicitantes.
Los demandantes en el caso sobre el cual el Juez Federal Leon puso un alto, son cuatro madres y sus hijos recluidos en el centro de detención South Texas Family Residential Center de U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE), “Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos”, situado en Dilley, Texas.
Estas personas alegaron que huyeron de sus países por la violencia y las persecuciones que ponían en peligro sus vidas e indicaron su intención de pedir asilo en los Estados Unidos, pero en lugar de ser entrevistadas por agentes capacitados de USCIS que podían conocer de su caso, cada uno de ellas fue sujeta a lo que el Centro de Responsabilidad Constitucional describe como “interrogatorios agresivos” por parte de agentes de CBP.
En la demanda, se establece que los agentes no buscaron información relevante para las solicitudes, tomaron notas incorrectas de lo que declararon las solicitantes y cometieron otros errores a propósito. En todos los casos los agentes de CBP concluyeron que las demandantes no corrían un peligro de persecución por lo que estaban a la espera de deportación.
No obstante, sus familias demandaron a funcionarios del United States Department of Homeland Security (DHS), “Departamento de Seguridad Nacional”, y al propio director interino de CBP, Mark A. Morgan, quien había aprobado la ordenanza.
Además, en la demanda fueron esgrimidos otros argumentos por los cuales el Juez Federal Leon hizo referencia, el primero de ellos y quizás uno de los más importantes, señala que Morgan no tenía atribuciones para aprobar el acuerdo con USCIS dado su posición como director interino de CBP, lo que hace inválida esas atribuciones bajo la Federal Vacancies Reform Act, “Ley de Reforma de Vacantes Federales”.
En todo caso, aunque el Juez Federal Leon, paralizó el procedimiento, la decisión judicial es temporal “a la espera de un dictamen sobre los méritos de este caso”.
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