Este viernes, un juez federal ordenó a la administración del presidente Donald J. Trump que restaure por completo una iniciativa de la era de Obama que protege a los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños de la deportación.
La sentencia del juez federal Nicholas G. Garaufis del U.S. District Court Eastern New York, “Tribunal de los Estados Unidos de Distrito Este de Nueva York” situado en Brooklyn ordenó que los funcionarios abran el programa a nuevos solicitantes por primera vez desde 2017.
Además, el juez Garaufis, ordenó al United States Department of Homeland Security (DHS), “Departamento de Seguridad Nacional”, que se publique un aviso público antes del lunes que indique que el departamento aceptará y adjudicará las solicitudes de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), «Acción Diferida para los Llegados en la Infancia«.
Esta orden firmada por el juez Garaufis, permitirá que el programa acepte a inmigrantes que califican para el DACA, pero que por diversas razones, aún no están inscrito en él. También se ordena, que los funcionarios que otorguen a los solicitantes permisos de trabajo.
Según la orden estos permisos de trabajo deben estar aprobados y tener una duración de dos años, en lugar del período de un año propuesto por la administración Trump durante el verano, para no perjudicar a estas personas.
Con esta medida podrían beneficiarse de acuerdo a las estimaciones al menos un millón de inmigrantes indocumentados, incluidos aproximadamente 300,000 adolescentes y adultos jóvenes que califican para DACA.
Ahora se espera que estas personas puedan solicitar el programa lo más pronto posible, según los abogados que demandaron a la administración Trump. En otras palabras, la orden de Garaufis exige que el DHS administre DACA según las políticas vigentes de la era de Barack Obama.
Por los momentos, no se ha registrado la posición oficial de representantes del DHS o del U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE), “Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos” que son los que supervisan las solicitudes de DACA.
Varios medios han tratado infructuosamente de obtener respuesta, pero hasta ahora, ningún portavoz ha respondido a las solicitudes de comentarios.
Sólo se conoce que una portavoz del U.S. Department of Justice (DOJ), “Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, dijo que este organismo podría apelar la decisión del viernes, pero tampoco hizo comentarios al respecto.
Ahora, la orden, sigue a otra decisión que emitió el mismo juez Garaufis en noviembre en la que determinó que el secretario interino del DHS, Chad Wolf, no tenía la autoridad legal para cerrar DACA a nuevos solicitantes o acortar el período de validez de los permisos de trabajo.
Conforme a esa decisión Wolf, no puede retirar las protecciones contra la deportación que reciben los beneficiarios de DACA, porque se determinó que su nombramiento por parte del presidente Trump, violaba la Ley de Seguridad Nacional de 2002.
En el pasado, otros jueces también habían estado inconformes con la legalidad de ese nombramiento. Incluso el brazo de investigación del Congreso, la U.S. Government Accountability Office (GAO), “Oficina de Responsabilidad del Gobierno”, determinó que no era válido en agosto.
Los hallazgos concluyeron que el DHS no siguió de manera adecuada las reglas que rigen la línea de sucesión para el liderazgo del departamento, para el nombramiento de Wolf.
No obstante, aunque la orden del juez Garaufis, emitida ayer viernes es una victoria significativa para los beneficiarios del programa DACA y los posibles peticionarios, la batalla no está ganada del todo, porque vendrán más desafíos.
Los estados liderados por republicanos actualmente le han pedido al juez de distrito de los Estados Unidos Andrew S. Hanen que declare ilegal el programa y le ponga fin, no sólo en sus estados, sino también en todo país.
Hanen, es un juez designado por los republicanos, que está en United States District & Bankruptcy Courts of Southern District of Texas, “Tribunales de Distrito y de Quiebras de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas” el cual bloqueó la expansión de DACA de Obama en 2014.
El juez Hanen también tiene el mérito de haber bloqueado la creación de otro programa que la administración Obama estaba creando y que hubiera protegido a los padres indocumentados de los titulares de tarjetas verdes y ciudadanos estadounidenses de la deportación.
Por el momento, sólo se sabe que la audiencia sobre este caso está programada para el próximo 22 de diciembre, con lo cual, seguramente se creará un nuevo capítulo en esta historia del programa DACA en la era Trump.
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