Este mes de abril comenzó una nueva preocupación para los inmigrantes en Estados Unidos que vino de la mano de la oficina federal de la U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE), o mejor conocida en español como el (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados), gracias a que los funcionarios de inmigración han recibido la aprobación por parte del U.S. Department of Justice (DOJ) (el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en español), para comenzar a recolectar ADN de indocumentados a partir de esta semana.
Esta noticia, ha llevado a varias organizaciones defensoras de los inmigrantes en ese país a afirmar que esta práctica violará la privacidad y potencialmente conducirá a la vigilancia biométrica de todas esas personas sometidas a este procedimiento.
De acuerdo con los funcionarios y voceros de ICE, la recolección de muestras de ADN de personas indocumentadas detenidas ha sido aprobado por el DOJ, con la finalidad de tomar sus muestras de ADN recolectadas para ser enviadas directamente al Federal Bureau of Investigation (FBI) o (Buró Federal de Investigaciones en español) para el análisis comparativo de esas muestras en las unidades de la escena del crimen y que también estará disponible para otros departamentos de policía a través de los sistemas automatizados de identificación de huellas dactilares (AFIS).
Sin embargo, esto no es nuevo, ya que en noviembre de 2019 la aprobación de esta misma autorización se postergó debido a que durante el período de comentarios públicos se permitió a los estadounidenses recomendar enmiendas y publicar sus opiniones en línea a la norma, lo cual retrasó su implementación hasta este mes. No obstante, aunque en ese momento de consulta pública, los grupos pro derechos civiles y los ciudadanos públicos obtuvieron más de 41,000 comentarios y firmas, no se emitieron enmiendas durante el proceso.
En vista que pasó el periodo de consulta pública, el DOJ aprobó la regla final el pasado 6 de marzo, con la cual se ha puesto en marcha el plan de la Administración Trump para recolectar cientos de miles de muestras de ADN de todos los inmigrantes que se encuentran en centros de detención de ICE o que sean capturados en medio de operativos en las diferentes zonas del país.
Aunque para muchos activistas de los derechos civiles están de acuerdo en señalar que esta práctica viola absolutamente las libertades humanas más elementales, lo cierto es que esta nueva norma que ingresa estos datos a las bases de datos criminales que posee el gobierno de los EEUU, es ahora una orden federal que está protegida por la Ley de huellas dactilares y ADN aprobada en 2005, que permite a las agencias gubernamentales recolectar muestras de ADN de personas arrestadas y detenidas, las políticas de inmigración de la Administración Trump han impulsado esfuerzos federales concertados para atacar a la población indocumentada.
Esta medida indigna a grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, que han manifestado su inconformidad con la norma, ya que el gobierno federal no debe recolectar información personal confidencial de personas que no hayan cometido un crimen. De hecho, varios grupos como la American Civil Liberties Union (ACLU) más conocida en español como la (Unión Estadounidense de Libertades Civiles), han señalado que la norma podría repercutir más adelante, en la recolección y procesamiento de ADN de estadounidenses, que a veces son detenidos temporalmente por error por parte de las autoridades migratorias, lo cual se evidenció en uno de los comentarios dejado por uno de los activistas de la ACLU, durante el tiempo de consulta pública de la propuesta del DOJ: “La recolección y retención forzada de ADN de cientos de miles de personas cada año constituiría un paso grande e injustificable hacia la vigilancia total de la población”.
En ese sentido, Naureen Shah, abogada principal de defensa y políticas de ACLU, calificó a este programa de “xenófobo”, pues en su opinión, esto busca “deshumanizar aún más a los inmigrantes detenidos y plantea importantes preocupaciones por las libertades civiles y la privacidad”.
Otros defensores de la inmigración, además consideran que esta medida impulsará al gobierno federal al ámbito de las armas de datos biométricos y que potencialmente esto pudiera originar la identificación errónea de personas indocumentadas en relación con delitos en la base de datos criminales del FBI.
Saira Hussain, abogada de la Electronic Frontier Foundation (EFF), (en español Fundación Frontera Electrónica), organización sin fines de lucro dedicada a conservar los derechos civiles y de libertad de expresión, escribió entre los comentarios a la norma: “La regla final es otro ejemplo más del gobierno armando la biometría como una forma de vigilancia de las comunidades vulnerables” y además añadió: “Esta expansión peligrosa de la colección de ADN nos acerca un paso más a la vigilancia genética de toda la población”.
Lo que más preocupa a todos, es que la administración Trump constantemente ha sugerido, que los inmigrantes en general representan una amenaza criminal para los EEUU, a pesar de que los estudios han demostrado que quienes más cometen delitos son las personas nacidas en en ese país, por lo que el sesgo es más que evidente en el discurso.
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