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Fiscal de Texas demanda a la Administración Biden El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton introdujo la demanda contra el gobierno federal por suspender deportaciones de indocumentados.

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Incuba Media Lab

El polémico fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda judicial contra la administración Biden, a quien acusa de actuar de forma arbitraria al suspender por 100 días las deportaciones de inmigrantes, sin consultar previamente al estado.

La acción viola la constitución, las leyes migratorias federales y el convenio contractual entre Texas y el DHS”, señala la demanda ante el Tribunal de Distrito del Sur de Texas contra el gobierno federal.

El fiscal Paxton, ha sido en tiempos recientes un fiscal polémico, ya que lideró e impulsó una petición para que el Tribunal Supremo impidiera la certificación de la victoria presidencial de Joe Biden, en favor del candidato republicano Donald J. Trump, en las elecciones generales, ahora exige la anulación de la moratoria impuesta a las deportaciones.

El fiscal general dijo que la acción de United States Department of Homeland Security (DHS), “Departamento de Seguridad Nacional”, de “caprichosa” y “mal intencionada” al “no considerar ni analizar los costos que esa acción generará” para el estado de Texas, el que más millas de frontera tiene con México.

En un comunicado en el que da a conocer la primera demanda de republicanos contra la decisión de Biden, Paxton indica que el gobierno federal ordenó al DHS que “violara la ley federal de inmigración y violara un acuerdo para consultar y cooperar con Texas sobre esa ley”.

El fiscal general del estado fronterizo indicó que la «ilegal y peligrosa» decisión del gobierno federal será revertida por el juez y así prevalecerá el «estado de derecho y la seguridad de nuestros ciudadanos«.

«Nuestro convenio obliga a DHS a consultarnos ante cualquier intento de reducir o poner cualquier intervalo al número de inmigrantes aptos para su deportación del territorio estadounidense«, remarcó Paxton en otra misiva dirigida a David Pekoske, secretario interino del DHS, fechada este jueves.

El fiscal general exigía la anulación de la pausa a las deportaciones que entró en vigor hoy, 22 de enero, así como de una respuesta inmediata a sus peticiones sobre la violación del acuerdo entre ambas instituciones.

Paxton defendió su posición en un programa matutino de la cadena Fox, al señalar que la orden ejecutiva del presidente Biden es ilegal, porque le corresponde al poder legislativo y no al ejecutivo tomar esas decisiones.

Esa decisión unilateral afecta a los poblados que se encuentran en la frontera con México que además están pasando por una emergencia de salud debido a la pandemia por el coronavirus”, señaló Paxton.

La pausa por 100 días de las deportaciones es una de varias medidas migratorias aprobada por Biden dentro del paquete de órdenes ejecutivas que ha firmado tras instalarse en la Casa Blanca.

Pekoske, a través de un memorando enviado a los titulares de las oficinas de U. S. Customs and Border Protection (CBP), conocida mejor como la “Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos”, al ICE y a la agencia U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), “Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos“, notificó esta suspensión.

Durante 100 días, a partir del 22 de enero de 2021, el DHS detendrá las deportaciones de ciertos no-ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada”, reportó el Gobierno.

Sin embargo, la decisión de Biden, no es que suspenda todas las deportaciones. El memorando aclara que es para «ciertos» tipos de inmigrantes.

Como tal ahora estas agencias deben evaluar, los siguientes tipos de inmigrantes para su revisión, posible detención y expulsión primero evaluando la Seguridad nacional: Las personas que se han involucrado o son sospechosas de terrorismo o espionaje. También que su aprehensión, arresto o custodia sea necesaria para proteger la seguridad nacional.

Luego, la Seguridad fronteriza: Referente aquellos indocumentados que hayan sido detenidos en la frontera a partir del 1 de noviembre del 2020 y por último anteponiendo la Seguridad pública: De las personas encarceladas en prisiones federales, estatales y locales, o que hayan sido liberadas durante o después de la emisión del memorando que hayan sido condenados por un “delito grave agravado”.

Pero no es del todo cierto, que se hayan suspendido todas las deportaciones como afirma el fiscal Paxton.


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